En las últimas décadas, los acontecimientos con potencial de daño en términos de infraestructura, ecología y ambiente o de tipo social que han azotado distintas regiones del país amenazando el estado normal de dichos conjuntos sociales, ha permitido transformar el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país permitiendo crear nuevos instrumentos o modificar algunos existentes. Los esfuerzos focalizados hacia la ayuda a poblaciones más vulnerables, rehabilitación y reconstrucción en situaciones post-desastre, la redistribución de los recursos actuales, y la necesidad apremiante de replantear las estrategias de prevención en algunas regiones para evitar consecuencias adversas ante futuros fenómenos naturales o de tipo antropogénico; y que en tal sentido, constituya una oportunidad para corregir errores de planificación y ejecución en el pasado y en una visión más generalizada, la prevención y preparación para futuros eventos riesgosos para una comunidad, conociéndolos y adaptándose a los mismos.
En este sentido, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país, resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad frente al riesgo de desastre en los sectores y en la población. Según Naciones Unidas, los desastres naturales tienen un impacto desproporcionado en los países pobres y en desarrollo, y están especialmente asociados a viviendas en condiciones inseguras. En esta materia, se encuentra que en Colombia cerca de 780.000 hogares, es decir alrededor del 38% del total, viven en condiciones de precariedad, y por tanto se encuentran especialmente amenazados ante la ocurrencia de desastres naturales causados por el cambio climático. A partir de 2005, y tras la formulación e implementación del programa para la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres, Colombia ha dirigido su atención en forma gradual hacia la necesidad de reconocer la gestión del riesgo en la planificación del territorio y los sectores. No obstante, la gestión de desastres del país presenta grandes dificultades como son: (i) prevalencia del enfoque ‘emergencista’ en el diseño de las políticas y respuesta del gobierno, (ii) debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción de riesgo de desastre en los planes de ordenamiento territorial, (iii) debilitamiento de la capacidad técnica del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), (iv) escasa investigación y desarrollo tecnológico, (v) limitada coordinación entre entidades, y (vi) ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente las inversiones en el nivel nacional y municipal. (Plan Nacional de Desarrollo).
Con base al anterior sistema nacional de prevención y atención de desastres reglamentado por le decreto 919 de 1989, se ha visto la necesidad de mejorar y actualizar el desempeño y direccionamiento del mismo, adoptando una visión integral de gestión de riesgo que incluya el conocimiento y la reducción del mismo, y desde luego, el manejo oportuno y efectivo de los desastres asociados con amenazas naturales, socio-naturales o antrópicas. Por tanto, que la implementación de una política orientada a la gestión del riesgo a cargo del sistema nacional de gestión de riesgo de desastre requiere de una entidad especializada de orden nacional que asegure la coordinación y transversalidad en la aplicación de las políticas sobre la gestión del riesgo de desastre, en las entidades públicas, privadas y en la comunidad en general para optimizar la gestión del riesgo en el país.
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